La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acudió hoy a la ONU para pedir a la comunidad internacional que no olvide que la crisis y la represión en Nicaragua persisten, y que no hay condiciones para el retorno de decenas de miles de nicaragüenses que huyeron del país por esta situación.

"Más de 83.000 personas se han visto forzadas al exilio. El Estado de Nicaragua aún no asegura condiciones para garantizar el retorno voluntario de todas estas personas bajo condiciones mínimas de seguridad", sostuvo la comisionada Antonia Urrejola.

La situación de inestabilidad en Nicaragua empezó en marzo de 2018 cuando la población salió a las calles para manifestar su descontento con elGgobierno y reclamar la salida del presidente Daniel Ortega del poder.

Esos hechos causaron al menos 325 muertos, según la CIDH, pero organizaciones locales cuentan hasta 594 y el Gobierno admite 200.

La representante de la CIDH hizo una exposición ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU de la situación que su organismo observa en Nicaragua por invitación de la alta comisionada Michelle Bachelet.

Sostuvo que la CIDH ha recibido información sobre el incremento de la violencia en zonas rurales del interior del país y de asesinatos de personas identificadas como opositoras al Gobierno.

Esos hechos no han sido investigados de forma imparcial y oportunidad, agregó Urrejola.

Al igual que la Oficina de Derechos Humanos de la ONU que dirige Bachelet, la instancia interamericana ha constatado que continúan el acoso y las agresiones contra líderes opositores "con fines disuasivos" y para lo cual se les detiene por algunas horas.

"Reitero, la grave crisis de derechos humanos no ha cesado en Nicaragua. Persiste la instalación de facto de un Estado de excepción que mantiene suspendidas o seriamente limitadas las libertades públicas", dijo.

En ese sentido, pidió que el mundo mantenga la atención sobre la crisis en Nicaragua, que en los últimos meses ha menguado y ha quedado a la sombra de la que sufre Venezuela.

Antes de la intervención de Urrejola, Bachelet expuso un informe elaborado por su oficina sobre Nicaragua y reveló que mientras 492 personas detenidas en el contexto de las protestas han sido excarceladas, habría más de cien que siguen en prisión por su participación en manifestaciones realizadas este año.

Para contestar a esas acusaciones, el presidente Ortega envió a Ginebra a su ministro asesor para las Relaciones Internacionales, Valdrack Jaentschke, quien inició su intervención pidiendo que se deje de mirar atrás y que se hable de "la realidad actual" que, según él, es muy diferente a lo descrito por Urrejola y Bachelet.

El alto funcionario sostuvo que la recolección de datos para el informe se realizó con "criterios parcializados" y que se omitieron expresamente "actos de terrorismo, asesinato, torturas, secuestros, extorsión y otros delitos de crimen organizado", de los que responsabilizó a los participantes en las protestas.

Ante la denuncia de la CIDH de que "los periodistas son perseguidos sistemáticamente", que se han cerrado los dos principales medios televisivos que no eran oficialistas y que el papel y la tinta de dos diarios opositores están retenidos desde hace un año, Jaentschke dijo que en su país hay "plena libertad de expresión".

También negó hostigamiento a defensores de los derechos humanos, que haya desapariciones forzadas o casos de tortura, al tiempo que consideró una falsedad que la economía esté en una situación calamitosa.

En la sección del debate dedicada a los comentarios del resto de países, la Unión Europea pidió una reforma electoral que permita que se realicen elecciones democráticas en Nicaragua y que se autorice el retorno de las organizaciones internacionales de derechos humanos que fueron expulsadas por Ortega.

La delegación de Argentina -que intervino en representación de Brasil, Canadá, Costa Rica, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú- respaldó el informe de Bachelet y lamentó que éste confirme la impunidad de las violaciones de los derechos humanos y que la negación a las víctimas del derecho a la justicia.

EFE